Reclamos laborales de empleados del Estado presionan al Gobierno

Los trabajadores de la red de abastos Bicentenario tomaron el centro de Caracas para protestar y reclamar el control obrero de la empresa y exigir un aumento salarial, además de otros beneficios laborales que están vencidos desde hace seis, cinco y cuatro años, dependiendo de los distintos contratos que tiene la empresa.
José Gregorio González, secretario del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de Empresas Procesadoras, Almacenadoras y Distribuidoras de Alimentos, dijo que es una protesta laboral, y aclaró que están incondicionalmente con el presidente Hugo Chávez, pero rechazan la administración de los abastos Bicentenario.

“Solicitamos que esta empresa sea manejada por el control obrero, la parte administrativa y la operativa. Luego de la expropiación le prometieron a la clase obrera que tendría un papel protagonista dentro de la empresa, y eso no se ha concretado”, afirmó, y agregó que la gerencia pretende beneficiar a un grupo de trabajadores y excluir a la mayoría.

“Un trabajador promedio en un abasto Bicentenario gana hasta 6% por encima del salario mínimo y en algunos casos sólo 3%. Estamos solicitando un ajuste que nos coloque 20% por arriba del salario básico. Y que el cupón alimentación pase de 0,40 a 0,45 del valor de la unidad tributaria. Además, que se eleven los días de disfrute de vacaciones a 23 y que el bono vacacional suba de 50 días a 55 días”. En cuanto a los útiles escolares exigen el pago de 750 bolívares por cada hijo.

Jorge Lastra, secretario del sindicato de trabajadores del Bicentenario de Terrazas del Ávila, exigió que se cumplan los planes de mejora de la infraestructura. Informó que fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, que propuso que continúen las negociaciones para lograr un acuerdo. Lastra también solicitó que se garantice la estabilidad laboral y se reenganche al trabajador José Raúl González, delegado de prevención de Terrazas del Ávila, que fue desincorporado de su puesto de trabajo injustamente.

Central obrera pide anticipo

El coordinador nacional por el estado Bolívar de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas y dirigente de CVG Alcasa, José Gil, pidió la instalación inmediata de las mesas de discusión del contrato colectivo y consideró al presidente Chávez como el “mejor aliado de los trabajadores”.

La idea es que se agilicen los trámites administrativos, se actualicen algunas referencias en los anteproyectos y se convoque a un diálogo en el que participen todos los dirigentes legítimos, dijo el dirigente en una rueda de prensa.

La petición fue respaldada por el presidente de la organización en el estado, Antonio Rivas, que en nombre de la central exigió un aumento salarial por lo dejado de percibir en 28 meses y un anticipo del contrato que pueda ser deducido del resultado final de la discusión.

Demandan aumentos por encima de 30%, tomando en cuenta que en el sector aluminio los contratos tienen hasta cinco años vencidos como el de CVG Venalum.

La dirigencia no desecha los bonos Petrorinoco como forma de pago de deudas laborales, pero su aceptación será consultada con el movimiento laboral en la entidad para fijar posición al respecto.

Las deudas laborales de las empresas básicas alcanzaron 2,98 millardos de bolívares (exactamente 2.985.125.777) al cierre de 2011, según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias, 21% más con respecto a 2010. 

Cementeros a paro

Los trabajadores de la industria cementera llevarán a cabo un paro nacional indefinido para reclamar la discusión del contrato colectivo vencido desde la estatización de las plantas en agosto de 2008, informó el dirigente sindical, Enrique Moreno, sin precisar fecha.

Denunció que la reacción de la gerencia ha sido emitir calificaciones de despido contra 73 obreros y perseguir a los sindicalistas mediante “visitas” del Sebin, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a hogares de los dirigentes obreros. En caso de protestas en los sitios de trabajo mandan a guardias nacionales a reprimir.

Los sindicatos proponen incrementar el salario en 100 bolívares diarios, ticket alimentación de 20 unidades tributarias y aumentar el HCM de 25.000 a 100.000 bolívares y un plan de jubilación, pues la antigüedad promedio en la industria es de 15 años de servicio.

Salud: Pago de deuda

Marlene Camacho, secretaria ejecutiva del sindicato de la salud de la Alcaldía Metropolitana, instó al presidente Hugo Chávez y a la ministra de Salud, Eugenia Sader, a cancelar la deuda milmillonaria a 11.000 trabajadores activos (empleados, obreros, técnicos y profesionales) de los 14 hospitales (Vargas, J.M. de los Rios, Lídice, Coche, El Junquito, entre otros) y 90 ambulatorios.

Camacho señaló que les niegan el seguro funerario y el HCM, este último con el argumento de que trabajan en centros de salud y deben ser atendidos allí “cuando saben muy bien que los hospitales se están cayendo”. Exigen ser transferidos a la Alcaldía Metropolitano. Dijo que a 5.000 trabajadores –3.000 del sector salud-, de diferentes organismos públicos jubilados desde 2005 les adeudan la liquidación y las prestaciones. La dirigente recordó que no discuten contrato desde hace 10 años.

Eléctricos reclaman

Elio Palacios, dirigente del sindicato de trabajadores eléctricos del Distrito Capital, Miranda y Vargas, informó que hoy celebrarán una asamblea en la sede de la Corporación Nacional Eléctrica en San Bernardino para exigir respuestas sobre las violaciones a la convención colectiva y mejoras en las condiciones de salud y seguridad en el medio ambiente laboral.

El sindicalista declaró que también demandan de la directiva de Corpoelec una explicación sobre el destino de los recursos que les descuentan a los trabajadores por sus aportes al Seguro Social Obligatorio, paro forzoso, cuota sindical, cajas de ahorro y política habitacional. Informó que han introducido denuncias ante la Fiscalía General de la República para que investigue sobre una presunta apropiación indebida de esos dineros, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

En Metro Los Teques esperan

Trabajadores de Metro Los Teques fueron sorprendidos por las declaraciones del diputado Francisco Torrealba y del presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, Edinson Alvarado, según las cuales el personal está satisfecho por las mejoras y reivindicaciones.

“Es totalmente falso que en Metro Los Teques estemos contentos. No contamos con una contratación colectiva tampoco nos han dado aumento salarial en los últimos cinco años. Aquí, licenciados, ingenieros, obreros y profesionales ganamos salario mínimo. Somos empleados públicos para unas cosas (ir a marchas, concentraciones) pero para otras somos empresa privada. El presidente de la institución, Haiman el Troudi solo ha venido tres veces. Tampoco da la cara Gladys Molina, gerente de Recursos Humanos. No nos dan respuesta”, señalaron los empleados en un una nota de prensa.

Juicio a González será luego del 7-O

El juicio contra Rubén González, reelegido secretario del sindicato de trabajadores de Ferrominera Orinoco, quedó diferido para el 10 de octubre, tres días después de los comicios presidenciales.

La audiencia que estaba fijada para ayer no se celebró debido a que el fiscal 59° del Ministerio Público no acudió al tribunal. Ante la ausencia del representante de la Fiscalía, la jueza 24° de Juicio, Blanca Pacheco, pospuso el proceso por más de un mes, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las vacaciones en los juzgados penales para agilizar las causas.

“Este diferimiento es parte de lo que no deberían hacer en el Poder Judicial”, dijo González, acusado de dirigir una protesta laboral a principios de 2009.

“Este proceso es una manipulación política para tratar de intimidar a los trabajadores”, aseveró el líder sindical, que en marzo de 2010 fue condenado a siete años y medio de prisión, pero que se encuentra en libertad bajo régimen de presentación porque el TSJ anuló la sentencia ante el descontento que generó el fallo.

“La suspensión de la audiencia ratifica que no hay interés en que se haga justicia, y que los tribunales son una herramienta para perseguir a los sindicalistas”, afirmó el abogado de González, Eduardo Torres.

(http://www.el-nacional.com/noticia/48670/18/reclamos-laborales-de-empleados-del-estado-presionan-al-gobierno.html, 24/08/2012, Katiuska Hernández / Clavel Rangel / Ana Díaz / Diana Lozano Perafán).-