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¿Impunidad cero?        Alberto Arteaga Sánchez

Miércoles, Enero 29, 2014
  • Opinión

Pero el cuadro nuestro es particularmente grave y no podemos dejar de insistir en ello: si no hay sanción por los delitos que se cometen y la única "pena" efectiva es la prisión preventiva, necesariamente el crimen se repotenciará como ha ocurrido entre nosotros.

No se trata de anunciar la pena de muerte que es cruel y nada resuelve, ni de aumentar al máximo las penas, ni de reformar una vez más las leyes penales disminuyendo las garantías procesales.

Hay algo muy sencillo y fácil de comprender: quien emprende la carrera delictiva o se ve impulsado a cometer un delito, salvo el caso de trastornados mentales, permanente o transitoriamente, tendrán un muro de contención si perciben que los malhechores tienen efectivamente una sanción y deben cumplir una pena o como dice el pueblo, pagar por su delito. Pero aquí eso no ocurre y la única justicia en la que confiamos es la divina.

Las cifras de la Fiscalía y de los organismos oficiales sobre esta materia son oscuras, pero en todo caso, ingresan muchos asuntos y se resuelven pocos, en materia de denuncias. Funcionarios de las policías se encargan de señalar a los denunciantes en casos de hurtos o robos que no vale la pena denunciar salvo para fines de un seguro y hay muchos temores para declarar en casos graves ya que hacerlo y reconocer a los victimarios representa una clara amenaza para la seguridad, ante el riesgo de una rápida libertad por la vía de las fallas del sistema o, en caso del difícil logro de una condena, por obra de la operación "cayapa" o "cambote", a falta de una verdadera labor de rehabilitación, incompatible con el número de procesados presos -más del sesenta por ciento- cuya inocencia se presume, y con la escandalosa presencia de los llamados "pranes", elegantemente llamados "líderes negativos", garantes de la seguridad de los presos y organizadores de escandalosas fiestas en "discotecas carcelarias". Esto es incomprensible a los ojos de cualquier persona con uso de razón.

Este problema debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de sancionar en tiempo breve, con garantías y con la certeza de una pena que se cumplirá de verdad, sea de un año o de diez años. Lo importante, como decía Beccaria, es que sea "cierta".

El quid del asunto está en no insistir mucho en este tema, porque ello es de exclusiva responsabilidad de los órganos del Estado y hay un empeño de hacernos responsables de lo que ocurre, fijando la atención en los medios como generadores de la violencia, que si lo fueran, habría muchos países que nos superarían en índices de criminalidad. Los responsables no son tampoco los policías, que trabajan con las uñas y sin recursos técnicos, ni los fiscales que respiran por encima de los expedientes que abarrotan sus despachos, ni los jueces que administran justicia en condiciones deplorables. Es el sistema que no funciona y el Estado es responsable de ello.

aas@arteagasanchez.com